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CULTURA |
(La Opinión, 6-7-07)
 La
conservación del patrimonio de Cartagena, que es una de las
ciudades de la costa mediterránea española con mayor
concentración de yacimientos y edificios históricos,
es una larga secuencia de torpezas y errores. Ni la declaración
de conjunto histórico de 1980, por real decreto, ni la Ley
de patrimonio (16/85), ni las diversas corporaciones y gobiernos
que han pasado por el Ayuntamiento y la Comunidad han conseguido
atajar hasta ahora el progresivo deterioro que ha hecho que la ciudad
perdiera su pasado esplendor. En los últimos años
el proceso se ha acelerado aún más al realizarse remodelaciones
urbanas que están destruyendo la trama urbana en amplias
zonas de la ciudad.
Las inversiones millonarias
del Ministerio de Fomento, que ha restaurado la casa consistorial;
de la Fundación Caja Murcia que se esta ocupando del teatro
romano; de la Universidad Politécnica y de Puerto de culturas
-todos con la ayuda de los fondos europeos- han conseguido apenas
rehabilitar algunos edificios significativos, que se alzan espectralmente
en medio de un laberinto de solares en el mismo centro de la ciudad.
La monumentalidad de Cartagena que reconocía el Real decreto
3046/80 se ha ido perdiendo con la demolición de edificios
clasificados, con actuaciones indiscriminadas y con mala arquitectura
en definitiva.
Gran parte de la riqueza patrimonial
de Cartagena en el más inmediato pasado procede de la relevancia
que le otorgó Carlos III en el siglo XVIII. El monarca ilustrado
propició grandes inversiones que configuraron una ciudad
fuertemente amurallada, dotada de todos los servicios necesarios
(Hospital, cuarteles, prisión) y organizada en torno a un
arsenal que revolucionó la ingeniería naval y donde
se aplicó por primera vez en España la máquina
de vapor. Todo ello protegido por una red de fortificaciones de
primer orden a lo largo de la costa.
La fiebre de la plata de finales
del XIX en la sierra Minera de Cartagena-La Unión contribuyó
a dotar a Cartagena de magníficos edificios civiles y de
una red de villas de recreo en la periferia, algunas de las cuales
no tienen nada que envidiar a las torres de Valvidriera de Barcelona.
Uno de los edificios más significativos y la demostración
de ese poder administrativo y de la pujanza económica de
la ciudad es la casa consistorial.
Sin embargo, a lo largo del
siglo XX el patrimonio histórico de Cartagena sufrió
serios menoscabos como consecuencia de distintas crisis, de la pérdida
de poder administrativo y militar, y de ciertos procesos urbanísticos.
El más importante de estos últimos fue la pérdida
de las murallas en la zona de tierra, que propició la apertura
del ensanche pero que también facilitó la inundación
de la ciudad.
Ya en la segunda mitad del siglo
XX el urbanismo descontrolado descargó los primeros golpes
de muerte con la construcción de edificios como el Banco
Popular en la Calle Mayor, los que se alzan frente a la casa Consistorial
y otros muchos en las puertas de Murcia y en las Calles del Carmen,
Sagasta, Florentina y otras. Hasta el gran hotel, que es uno de
los edificios más significativos del modernismo, corrió
entonces peligro de ser declarado en ruina.
Un grupo de ?nuevos ilustrados?
encabezados por el Arquitecto Pedro San Martín Moro -descubridor,
por cierto, del teatro romano- apoyados por el ministerio de Cultura
y la Academia de Bellas Artes de San Fernando consiguió la
declaración de conjunto histórico para Cartagena en
1980. Entre otras medidas el real decreto reclamaba la elaboración
de un plan especial que ha tardado 25 años en ser publicado.
La ciudad borrada, es una crónica
de los últimos veinticinco años que coinciden con
el periodo democrático. Las escasas convicciones proteccionistas
de los años 80 y una cierta demagogia que quería acabar
sistemáticamente con todo lo viejo tuvieron como consecuencia
un Plan general del 87 descafeinado e impreciso del que actuó
como ?custodio? el Servicio Regional de Patrimonio y los consejos
asesores de Patrimonio y arqueología hasta 1995. Durante
ese periodo, que también coincidió con una crisis
económica, la conflictividad se concentró en el aspecto
arqueológico. En 1994 el Plan Urban que formaba parte del
Plan Especial de Cartagena pudo haber puesto remedio al deterioro
de la ciudad en la zona del barrio universitario pero su aplicación
coincidió con el final de una etapa política y con
el principio de otra en la que se ha aplicado el liberalismo puro
y duro. Muestra destacada de ello son las remodelaciones urbanas
que se están produciendo en estos momentos, que están
acabando con la trama urbana y que no parece que puedan sacar a
la ciudad de su marasmo en los tiempos que se avecinan de parón
constructivo.
El futuro del conjunto histórico
de Cartagena no es muy alentador a la vista de licencias como la
del nº26 de la Calle del Carmen y del edificio Cónsul
que contradicen flagrantemente las propias ordenanzas municipales
y en concreto el decreto de fachadas y el Plan especial recientemente
aprobado. Tampoco parece que el Ayuntamiento de Cartagena esté
dispuesto a cumplir con el decreto de solares de 2004 que teóricamente
debería obligar a construir en los solares existentes y del
que no se ha desarrollado la pieza fundamental que es el registro
de solares.
Por si todo esto no fuera suficiente
el Gobierno regional, que sigue incumpliendo su propia ley de Consejos
asesores, aprobó en los últimos días de la
legislatura pasada y a pesar de un duro informe en contra del Consejo
Jurídico regional una ley de patrimonio regional que liberaliza
aun más las desclasificaciones de edificios protegidos y
facilita las demoliciones.
Juan
Miguel Margalef .
Miembro de Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
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