En la mañana del martes, día 20 de julio, la Plataforma Ciudadana de apoyo a la Huelga General del 29-S de Murcia se presentó a los medios de comunicación, mediante rueda de prensa, en la puerta principal del Banco de España de esa capital. Este lugar fue elegido, según comunican los organizadores de este acto, “para denunciar la responsabilidad de esta institución, teóricamente independiente y profesional, en la actual crisis que padecemos” recordando, además, que “el Banco de España financia con dinero público la destrucción de empleo en el actual proceso de las fusiones entre cajas de ahorro”.
Las organizaciones convocantes calificaron de “multitudinaria” la asistencia de medios de comunicación, y la presentación de la plataforma y de los motivos que llevan a su constitución corrió a cargo de Patricio Hernández, Presidente del Foro Ciudadano, Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, Paco Cutillas, de Murcia No se Vende, y Paco Morote, del Foro Social.
La Plataforma ha editado un díptico explicativo, cuyo contenido es el que sigue:
“UNA HUELGA JUSTA PARA DEFENDER DEMOCRATICAMENTE NUESTROS DERECHOS. UNA HUELGA NECESARIA PARA DESTERRAR LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES”
Las organizaciones que suscribimos este documento apoyamos la Huelga General del 29 de septiembre de 2010, y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de la Región de Murcia para que se sume a la jornada de protesta convocada por los sindicatos para defender los derechos laborales y sociales amenazados por el giro de la política del gobierno de España y detener las agresiones que pueden seguir a las ya decretadas.
Consideramos que la Huelga del 29‐S es una huelga justa porque ha sido convocada para enfrentarse a medidas profundamente injustas como han sido la congelación de las pensiones en contra de la Ley de Seguridad Social, la rebaja salarial a los empleados públicos y la congelación de sus plantillas, y la reciente reforma laboral que, entre otras cosas, facilita y abarata los despidos y entrega la gestión del Servicio Público de Empleo a la ETT’s. La privatización de las Cajas de Ahorro constituye también un atentado a las exiguas obras sociales que se extinguirán por la búsqueda del beneficio.
Igualmente, debe servir para enfrentarnos al próximo recorte, el pensionazo, que nos jubilará más viejos (la UE habla de 70 años) y con pensiones más bajas aún. Denunciamos la campaña desatada por la derecha en contra del movimiento sindical, que únicamente persigue dejar a los trabajadores y trabajadoras sin sus organizaciones imprescindibles para la defensa de sus intereses.
Recordamos que sólo con estas medidas y otras de este tipo se sanearía rápidamente el déficit, se crearía más empleo y se podría aliviar un poco el injusto reparto de la riqueza. La Huelga general del 29‐S es un ejercicio democrático y legítimo para impedir que los intereses de una minoría prevalezcan sobre los del conjunto de la sociedad a través de una dócil clase política que reniega de sus compromisos electorales. Es necesaria para desterrar las políticas neoliberales que, desde la UE, y los Gobiernos de España y de la Región, aumentan la injusticia enriqueciendo más a los más ricos a costa del resto. Hay otra forma de salir de la crisis, repartiendo con justicia los esfuerzos y respetando los derechos de los trabajadores y los sectores populares.
La experiencia demuestra que, contra cualquier resignación, las huelgas generales han conseguido parar los retrocesos que han querido imponernos en el pasado, y esta huelga general lo va a conseguir nuevamente. El 29‐S tenemos una oportunidad, y debemos aprovecharla entre todos.
Murcia, julio de 2010
Plataforma Ciudadana de Apoyo a la Huelga General del 29‐S:
-Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
-Alianza Regional contra la Pobreza
-Asamblea de Personas Paradas y afectadas por la crisis de Molina
de Segura
-Foro Ciudadano de la Región de Murcia
-Foro Social de Murcia
@ Diego Jiménez
“La Agencia Tributaria mira para otro lado”
1.500 personas han ocultado en Suiza entre 6.000 y 10.000 millones a las arcas públicas; no obstante, la respuesta de Hacienda hasta el momento ha sido tibia.
- Escandaloso trato de favor a las rentas más altas
Juan Murillo / Madrid
Lunes 26 de julio de 2010. Número 131
A finales de junio la Agencia Tributaria recibía del Gobierno francés una serie de listados en los que figuraban los nombres de unas 1.500 personalidades españolas de alto rango –políticos, empresarios, banqueros, etc.– poseedoras de cuentas opacas en la filial suiza del banco británico The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). La ‘pillada’, que proviene del robo de las listas por parte de un empleado del banco, podría definir el paradero de entre 6.000 y 10.000 millones de euros ocultados a las arcas públicas desde 2005, el primer ejercicio sobre el que hay información.
La reacción hasta ahora de la Agencia Tributaria ha sido más bien tímida. En primer lugar se conminó a los implicados en el escándalo a que regularizaran su situación antes del 30 de junio para evitar una sanción administrativa. Una suerte de amnistía fiscal que, a juicio de Carlos Cruzado, consejero del Cuerpo Especial de Hacienda para la Gestión Pública (GESTHA), supone un “trato de favor especial respecto al resto de contribuyentes”.
Cruzado resalta la anormalidad en la actuación de la Hacienda española, asegurando que existe “una doble vara de medir”, pues lo lógico sería que la Agencia Tributaria “comenzara a abrir procedimientos de inspección y remitiera a la Fiscalía los expedientes de las personas que pudieran haber cometido un delito fiscal”.
No saben, no contestan
Una vez pasado el plazo fijado, no han sido muchos los que han optado por regularizar su situación con las cuentas públicas. La mayoría de los implicados ha preferido no darse por enterada del requerimiento tributario hasta que Hacienda ha amenazado con hacer públicos los nombres en el Boletín Oficial del Estado. De esta forma es muy posible que los implicados terminen por aceptarlo ya que, una vez pasada la fecha tope, no tiene mucho sentido optar por ignorar la llamada. El centro del debate está en que los técnicos e inspectores opinan que Hacienda se centra en imponer sanciones en función de los rendimientos del dinero localizado en Suiza, sin focalizar la investigación en el origen de los fondos hallados en el HSBC. Es difícil demostrar la procedencia del dinero sin investigar. En el caso de que se tratase de fondos no tributados, debería aplicarse un 43% de gravamen sobre ellos; sin embargo, las grandes fortunas podrían aducir que se trata de dinero ahorrado, con lo cual el tipo a aplicar estaría entre el 19% y el 21% para cantidades superiores a los 6.000 euros.
¿Se trata de un delito fiscal?
Aun cuando es muy probable que la mayoría de estos casos incurran en un delito fiscal –estipulado cuando la cuota defraudada es superior a los 120.000 euros–, es difícil esperar la colaboración del HSBC, pues supondría un descrédito ante sus clientes, o de las autoridades suizas, habituadas a funcionar como un paraíso fiscal pese a los llamamientos del G-20 y la Unión Europea a que cambie esa situación. Los convenios de doble imposición que el país helvético ha firmado con Francia o Dinamarca podrían favorecer la colaboración en cuanto a la labor informativa pero no respecto a las averiguaciones fiscales. “Si no se investiga no se puede llegar a conclusiones”, resalta Carlos Cruzado quien también lamenta que “en un país donde el fraude y la economía sumergida están 10 o 12 puntos por encima de la media europea, la Agencia Tributaria mire para otro lado” a la hora de investigar.
El Gobierno asegura que, hayan cumplido o no con el requerimiento inicial, se aplicarán las multas que prevé la Ley General Tributaria en casos en los que se detecten indicios de delito fiscal y que oscilen entre el 50% y el 150% de la cantidad defraudada.
Esto suscita controversia por la contradicción que supone ofrecer primero una amnistía para quienes regularizaran su situación antes del 30 de junio y asegurar después que, en el caso de que se aprecie un delito fiscal, se procederá a sancionar en función de la Ley Tributaria. Otra posible consecuencia de la actuación de la Hacienda española es que prescriban algunos de los delitos en los que se hubiera incurrido, limitados a cuatro años en el caso de infracciones tributarias.
Liechtenstein 2008, otra amnistía
No es la primera vez que la Agencia Tributaria utiliza este polémico procedimiento de actuación en este tipo de casos. En 2008 se investigó a 198 españoles con cuentas opacas en el paraíso fiscal de Liechtenstein mediante datos obtenidos de una forma muy similar al caso suizo. En el caso de Liechtenstein apenas un 20% de los implicados terminaron regularizando su situación sin que finalmente se impusieran sanciones de gravedad al resto. Según Carlos Cruzado, el mismo método se ha aplicado también “en listados de operaciones hechas con billetes de 500 euros”. Además, la filial española de HSBC estuvo envuelta en el caso Gescartera hace diez años.
http://www.diagonalperiodico.net/La-Agencia-Tributaria-mira-para.html